Miguel Urban: Marruecos es el verdadero cerebro del Catargate

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Qatargate (y Maroccogate), la derecha y la izquierda vistas por un parlamentario europeo

Un escándalo que sacude a la Eurocracia y más allá. Rabat es el verdadero cerebro del plan de corrupción en las instituciones europeas

El 9 de diciembre comenzó públicamente el que ya es uno de los mayores casos de corrupción destapados en las instituciones europeas. Y lo hizo justo en su centro neurálgico: cerca del Parlamento Europeo. Más concretamente, en el domicilio de Eva Kaili, eurodiputada socialista griega y vicepresidenta del Parlamento Europeo, y su pareja, Francesco Giorgi, asesor parlamentario. Otros 15 registros domiciliarios tuvieron lugar prácticamente de forma simultánea en distintos puntos de Bruselas.

Entre los detenidos hasta el momento se encuentran los dos mencionados, pero también Pier Antonio Panzeri (ex eurodiputado socialista italiano y actual lobista de la ONG Lucha contra la Impunidad), Luca Visentini (recientemente elegido Secretario General de la Confederación Sindical Internacional, cargo que ocupaba hasta entonces en la homóloga Confederación Europea) y Niccolò Figà-Talamanca (responsable de la ONG No Peace Without Justice). En los últimos días se han producido registros en las habitaciones de los parlamentarios, con numerosos despachos precintados y un número aún desconocido de diputados, eurodiputados y asistentes parlamentarios implicados.

Una operación dirigida por la unidad anticorrupción de la policía belga, a raíz de una investigación que los servicios secretos del país, en coordinación con sus homólogos de al menos otros cinco países europeos, habían abierto desde principios de 2021. Como en muchos otros países, la inteligencia belga tiene prohibido (al menos formalmente) investigar a partidos políticos o cargos electos. A menos que considere que existe un riesgo para la seguridad nacional. Como en este caso, en el que las pistas apuntaban a supuestas « injerencias extranjeras » en los procesos de toma de decisiones legislativas.

Según el diario flamenco DeStaandard, agentes de inteligencia belgas entraron en secreto en julio en el domicilio del ex eurodiputado italiano Panzeri, donde encontraron 700.000 euros. Este descubrimiento ha desencadenado una investigación de la justicia belga en lo que ya es uno de los mayores escándalos de la historia de las instituciones europeas. En Bruselas se recuerda hoy aquel marzo de 1999 en el que toda la cúpula de la Comisión Europea, encabezada por Jacques Santer, dimitió en bloque implicada en varias tramas de corrupción.

La noticia de la detención de la Vicepresidenta Eva Kaili y la cinematográfica escena de su padre sorprendido huyendo con bolsas de deporte llenas de billetes cogió por sorpresa al Parlamento Europeo, justo cuando se disponía a celebrar su última sesión plenaria del año en Estrasburgo. Antes de las vacaciones de Navidad. Pero más allá de este episodio concreto, lo que no ha sorprendido tanto en los círculos de la eurocracia en Bruselas es el hecho de que un Estado extranjero (o más) haya intentado influir en el trabajo de los parlamentarios europeos.

Bruselas es la segunda ciudad del mundo con mayor número de grupos de presión registrados. No es raro verlos haciendo cola para entrar en el Parlamento, recorrer sus pasillos o tomar un café con un eurodiputado. La larga historia de su presencia y actividad en las instituciones europeas ha terminado por normalizarlos, dentro y fuera de los pasillos. Hoy son una parte más del ecosistema de la eurocracia bruselense. Especialmente los que representan a empresas privadas. Pero no son los únicos lobbies.

Las misiones diplomáticas y las embajadas suelen pasar, al menos hasta ahora, mucho menos desapercibidas para los medios de comunicación y el escrutinio público. Y ello a pesar de que su presencia y sus actividades de lobby han aumentado progresivamente. Y en esta otra liga de gobernantes lobistas, la delegación marroquí destaca por su particularmente activa y agresiva agenda diplomática en el Parlamento Europeo, especialmente en su continua defensa y renovación de la ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Y, como ya hemos visto, el Qatargate empieza en Doha pero apunta directamente a Rabat como el verdadero cerebro del plan de corrupción en las instituciones europeas.

En el actual contexto de crisis de legitimidad y gobernanza global de las organizaciones multilaterales, las declaraciones, comparecencias y/o resoluciones del Parlamento Europeo sobre cuestiones internacionales, por muy declarativas que sean, están adquiriendo una importante repercusión en terceros países. Esto ha despertado el interés de numerosas dictaduras, con mucho dinero y pocos escrúpulos, por tratar de utilizar al Parlamento y a los eurodiputados para reciclar su imagen pública internacional o, al menos, para mitigar las críticas que pudieran salir de la Eurocámara. De este modo, en los últimos años han florecido numerosos grupos de amistad de eurodiputados con las ricas autocracias de Oriente Medio o con países en el punto de mira por violaciones de los derechos humanos como Marruecos o Israel.

Más allá de que, en realidad, estos grupos no tienen ningún tipo de formalidad parlamentaria, ni escrutinio o fiscalización pública, la verdadera pregunta es ¿qué motivación política encuentra un cargo público para pertenecer a un grupo de amistad con una autocracia medieval que encarcela homosexuales, prohíbe partidos y sindicatos, no protege a las mujeres y viola sistemáticamente los derechos humanos y las libertades democráticas? Dado que existen serias dudas de que los supuestos intentos de corrupción de Qatar o Marruecos se circunscriban a un único grupo político, los socialistas, o sólo a un puñado de eurodiputados, no se puede descartar que la investigación en curso esté sacando a la luz nuevos nombres de esa y otras instituciones europeas, especialmente de la Comisión Europea. De hecho, los focos apuntan en estos momentos al comisario europeo y vicepresidente de la Comisión, el griego Margaritis Schinas, que viajó con Kaili a Qatar y que, al igual que su compatriota, no ha ahorrado elogios públicos a las autoridades qataríes en los últimos meses.

Otra señal de que este escándalo podría salpicar a muchos otros ámbitos es el estruendoso silencio que mantienen otros grandes grupos del Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo sólo ha amenazado tímidamente con aislar al grupo socialista en su conjunto. Podría deberse a que no están seguros de si están implicados en este u otros escándalos que se están investigando. Pero también porque son los primeros interesados en no avivar un fuego que podría quemar una casa común actualmente en disputa. Mejor señalar sólo a unas manzanas podridas que asumir que estamos ante un problema estructural: un entramado institucional opaco y alejado del control ciudadano que favorece este tipo de prácticas.

Y aquí se abre un pasaje a un campo de batalla mucho más profundo: quienes tradicionalmente han defendido un modelo federal europeo, liderado por una Comisión y un Parlamento cada vez más competentes y poderosos, han basado su apuesta en que las instituciones europeas son una garantía no sólo frente a los nacionalismos y sus egoísmos y belicosidades, sino también frente a las prácticas corruptas que impregnan a los Estados nacionales tradicionales. Desde los democristianos hasta buena parte de los neoprogresistas, pasando por liberales, verdes y socialdemócratas, un escándalo como éste golpea la línea de flotación de la legitimidad de su forma de entender la construcción del proyecto europeo. Pero hay otros modelos que avivan las brasas para que crezca la llama. Pero hay otros modelos que avivan las brasas para que la llama crezca. El propio Orban o Le Pen ya han señalado desde el principio del escándalo la hipocresía de una Bruselas corrupta que pretende controlar a los estados miembros, refiriéndose a las acusaciones de corrupción y violación del estado de derecho contra Hungría. Desde las distintas extremas derechas que pueblan el Parlamento Europeo, hasta los sectores radicalizadores de la familia popular europea, en los últimos años se está preparando una mutación desde posiciones euroescépticas hacia un eurorreformismo en clave conservadora que, ante el auge de sus posiciones en los distintos diputados y en el propio Parlamento se preguntan: ¿por qué destruir una UE que podemos cogobernar? Pero, claro, no en ese formato federal típico del neoliberalismo progresista . La UE de los derechos es la Unión de sus Estados, la famosa Europa de las patrias de De Gaulle. Es decir, un modelo intergubernamental más en línea con los Estados Unidos de Europa que con la Unión Europea de Estados. Un modelo en el que los gobiernos nacionales conservarían el grueso de las competencias y se coordinarían entre sí a través del Consejo Europeo, sin ceder soberanía a una Comisión o a un Parlamento que la Internacional Reaccionaria del Viejo Continente identifica con el globalismo perverso a Europa.

La nueva derecha en boga ya no quiere romper o salir de la UE, sino que quiere romper con una forma hasta ahora hegemónica de construir el proyecto europeo. Su problema no es la UE, sino Bruselas esa versión europea del nuevo orden mundial plagada de políticos corruptos y privilegiados que, ensimismados como están en su burbuja eurocrática, desconocen la realidad de los pueblos de Europa. Y un escándalo como el Qatargate abre una jugosa puerta para reducir los poderes del Parlamento Europeo y, casualmente, de esos molestos dispositivos como las resoluciones sobre emergencias de derechos humanos en el mundo que podrían molestar a algún aliado lejano. Así, con la excusa de las injerencias extranjeras derivadas del Qatargate, el PPE [gruppo popolare europeo] en la última sesión plenaria en Estrasburgo, volvió a proponer su vieja intención de acabar con las declaraciones urgentes sobre derechos humanos realizadas por el Parlamento.

¿Y la izquierda mientras tanto? Pues, lamentablemente, está sin plan. Criticamos la corrupción y hemos estado al frente de la lucha contra este y otros escándalos. Y seguimos tirando del hilo para que esto no se quede en un caso de Qatar, Marruecos y un puñado de imputados, sino que denuncie el funcionamiento opaco y antidemocrático del conjunto de las instituciones europeas y de una arquitectura institucional al servicio de las élites y sus intereses. Sin embargo, desde la izquierda seguimos sin tener un discurso claro sobre qué Europa queremos y qué hacer con la UE. Con esta o con cualquier otra posible. Tanto reto como poca estrategia.

Por eso cuando este tipo de escándalos de corrupción abren ventanas de oportunidad para esas otras batallas más profundas, sentimos que jugamos con las cartas marcadas y el techo muy bajo. Nos falta un debate estratégico para que cualquier oportunidad de marcar un punto no nos pille en fuera de juego. De lo contrario, corremos el riesgo de convertirnos en un mero actor que critica la corrupción, el abuso de poder y su impunidad, pero que no tiene ideas fuertes para esa otra Europa posible, sólo algunas propuestas para lograr cambios concretos. Y para eso ya hay buenos grupos de presión por la transparencia o grupos como los verdes. Que el Qatargate sirva para tirar de la cuerda que cuestiona el modelo antidemocrático de la UE, pero también para tirar de las orejas a la izquierda para que, de una vez por todas, nos sentemos a pensar qué otra Europa queremos y cómo la construimos.

por Miguel Urban
Eurodiputado de Anticapitalistas – Grupo de Izquierda del Parlamento Europeo – GUE/NGL
del Consejo Asesor de Vslow Sur

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