Algo se mueve en el Sáhara Occidental

La larga ocupación marroquí de un vasto territorio de 266.000 kilómetros cuadrados, pero apenas poblado por medio millón de personas, ha estado en un segundo plano en las prioridades de la comunidad internacional, aunque periódicamente la ocupación crea problemas incómodos a Marruecos. En febrero, un tribunal surafricano ordenó que un cargamento de fosfatos proveniente del Sáhara e incautado por las autoridades aduaneras fuese subastado y la recaudación se enviara al Frente Polisario, que controla un tercio del territorio saharaui. Poco después, el Tribunal Europeo de Justicia dictaminó que el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos no se puede aplicar al Sáhara occidental.

Dado que Naciones Unidas lo considera “territorio no autogobernado” –eufemismo para referirse a su estatus colonial–, la inversión extranjera no marroquí brilla por su ausencia en el Sáhara. Ahora ha sido la presión de Washington la que ha forzado la vuelta a la negociación. En marzo, EEUU condicionó la renovación de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) a la reanudación de las conversaciones. Washington ha prorrogado la Minurso solo seis meses, en lugar de los 12 habituales, lo que ha obligado a Rabat a abandonar su obstruccionismo. Sin la presencia de los cascos azules, el regreso de la violencia sería inevitable.

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, tiene un interés personal porque estuvo implicado en anteriores esfuerzos de la ONU para resolver el conflicto y porque siempre ha creído que Rabat ha negociado de mala fe.

Marruecos ha impedido la celebración del referéndum contemplado en el plan de paz de 1991, aferrándose a su oferta de 2008 de conceder algún tipo de competencias a “las provincias del Sur”. Rabat combina políticas de seducción –y cooptación– de la población local con inversiones y ayudas para atraer, tanto a los saharauis que no abandonaron sus hogares tras la Marcha Verde de 1975, como a los 100.000 refugiados de los campamentos de Tinduf, pero con escasos resultados. En los campamentos, la ayuda humanitaria internacional no ha evitado la degradación de las condiciones de vida de los refugiados, condenados a una eterna espera en tierra de nadie.

El apoyo a Rabat proviene de los marroquíes a quienes el gobierno ha concedido ayudas y exenciones fiscales para instalarse en la zona. Por su parte, al Frente Polisario las simpatías que recoge en el exterior le sirven de poco. En términos políticos –y militares– nadie está dispuesto a implicarse en su defensa, lo que convierte en palabras vacías tanto las proclamas de solidaridad exterior como las de los sectores que amenazan con regresar a las armas.

El tiempo corre a favor de Marruecos por el apoyo de EEUU y Francia a su plan de autonomía bajo soberanía marroquí, pero no es probable que vaya a conceder a los saharauis el derecho a tener sus fuerzas de seguridad y el control sobre los recursos naturales, condiciones mínimas para el Frente Polisario.

Por otra parte, el ingreso en 2017 de Marruecos en la Unión Africana, de la que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) es miembro pleno, ha debilitado los lazos saharauis con sus escasos aliados regionales.

Asimismo, el 29 de noviembre, el Consejo de Ministros de la UE dejó la puerta abierta a la aprobación definitiva del acuerdo de pesca firmado en julio, pese a su cuestionamiento por el Tribunal de Justicia de la UE, que subrayó que no quedaba claro que los saharauis fueran a beneficiarse de los fondos transferidos por la UE por sus recursos pesqueros.

Pero de las conversaciones de Ginebra nadie espera resultados concretos, salvo continuar el diálogo. De hecho, el enviado especial del secretario general de la ONU, Horst Köhler, solo logró que ambas partes mostraran su voluntad de proseguir los contactos. 

Fuente : Estudios de Política Exterior