Por Alfonso Lafarga
Los gobernantes españoles han vuelto a ignorar el sentir mayoritario de la ciudadanía española sobre el Sáhara Occidental, el territorio al que España tenía que haber descolonizado pero que, en cambio, entregó al invasor marroquí.
Con motivo del 40 aniversario de la proclamación de la Republica Árabe Saharaui Democrática (RASD), el 27 de febrero de 1976, en numerosos ayuntamientos de toda la geografía nacional ondeó la bandera saharaui y corporaciones locales y autonómicas aprobaron declaraciones institucionales pidiendo a España que asuma su responsabilidad.
El Parlamento Vasco, por ejemplo, pidió estatus diplomático para la representación del Frente Polisario en España como único y legítimo representante del pueblo saharaui y el reconocimiento de la RASD. Estas iniciativas de apoyo se dieron en los cabildos canarios, en el Parlamento de La Rioja, las Cortes de Aragón…y Nueva Canarias y Compromís presentaron en el Congreso de los Diputados una propuesta para que se eleve el estatus diplomático del Frente Polisario.
Pero la respuesta del Gobierno ha sido la de siempre, el silencio, el mismo que mantiene cuando se expulsa a españoles del Sáhara Occidental ocupado militarmente por Marruecos.
La actuación de los diferentes gobiernos, tanto del PSOE como del PP, ha o ignorado el sentir de la ciudadanía, como si España no tuviese obligación alguna con el Sáhara Occidental, territorio del que, como se repite una y otra vez, sigue siendo la potencia administradora.
Representantes de delegaciones diplomáticas acreditadas en Rabat de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca fueron al Sáhara Occidental ocupado para interesarse por la situación de los Derechos Humanos, cuya violación denuncian Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), el Centro Robert F. Kennedy (RFKC) y la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH). Las últimas visitas de los representantes norteamericanos a El Aaiún fueron en mayo y octubre de 2014 y septiembre de 2015.
Recientemente, a mediados de febrero, una delegación de los Estados Unidos, esta vez encabezada por su embajadora en Argelia, Joan Polaschik, estuvo en los campamentos de Tinduf para evaluar la ayuda humanitaria a los refugiados saharaui, visita en la que reiteró el apoyo de su país a una solución que garanticen el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
Precisamente comprobar sobre el terreno las ayudas a los refugiados era lo que pretendía el vicepresidente de la Junta de Andalucía Diego Valderas (IU) cuando anunció en los últimos meses de 2014 que iba a viajar a los campamentos de refugiados, pero su presidenta, la socialista Susana Díaz, sw lo prohibió: temía causar un “desaire” a Marruecos. En su día fueron el lehendakari Juan José Ibarretxe (PNV), el presidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel (PP) y, más recientemente, el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, y no pasó nada.
Los gobiernos de España no han enviado representación alguna ni a los territorios ocupados, ni a los campamentos de refugiados; obvian el respaldo de una gran parte de los españoles a la causa saharaui. Según el Barómetro del Real Instituto Elcano publicado en junio de 2015, un 58 por ciento de los españoles apoya la independencia del Sáhara Occidental, mientras que solo un 15 por ciento es partidario de que sea una región de Marruecos y un 27 por ciento no sabe o no contesta.
Se lo ha pedido a los políticos españoles Jira Bulahi Bad, la delegada del Frente Polisario en España: que sean coherentes con la ciudadanía, que apoya la causa saharaui, e “intenten por todos los medios poner fin a estos 40 años de resistencia y sufrimiento de la población”.
Mientras, en el Sáhara Occidental ocupado se siguen violando los Derechos Humanos y los activistas saharauis continuaron en 2015 siendo “blanco de la represión” por parte de las autoridades marroquíes, según el último informe de Amnistía Internacional, publicado en febrero.
La siguiente es una relación de hechos ocurridos en febrero de 2016 en el Sáhara bajo ocupación marroquí y ciudades del sur de Marruecos con población saharaui, según datos de organizaciones de Derechos Humanos y medios de información saharauis, tanto oficiales como independientes.
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