Por André Abeledo Fernández*Como comunista defiendo el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, el derecho a decidir de todos los pueblos del mundo, “no se puede hablar de libertad mientras no se reconozca el derecho de los pueblos a separarse de su metrópoli cuando lo crean conveniente”, no se puede hablar de libertad mientras el territorio saharaui este ocupado por el ejército de Marruecos, los pueblos de España debemos estar con el pueblo saharaui, porque la libertad del Sahara es también responsabilidad histórica del estado español y sus gobernantes.
Recordemos que este año se cumplen 40 años desde la fundación del Frente Polisario. Este movimiento de liberación ha luchado por la independencia y por la descolonización desde el año 1973. Primero, contra la colonización española y, después, contra la ocupación marroquí.
El Frente Polisario decidió dejar las armas en el año 1991, cuando la ONU auspició el Alto el Fuego prometiendo la celebración de un referéndum de autodeterminación. Pero fueron traicionados, el pueblo saharaui fue desarmado y abandonado a su suerte de un modo vergonzoso.
Desde entonces, han llevado a cabo una lucha pacífica, centrada en la diplomacia y en la defensa de la legalidad internacional y creando un estado en los campamentos de Argelia mediante el cual se intentan cubrir las necesidades básicas de la población refugiada. Sin embargo, la comunidad internacional ha hecho oídos sordos a sus legítimas reclamaciones y el referéndum todavía no se ha celebrado, mientras que la presión de la propia población saharaui por un regreso a las armas es cada vez mayor.
La lucha del Frente Polisario es un ejemplo para el mundo. Una lucha que dura ya 40 años y que no se debe prolongar por más tiempo, la victoria debe ser hacer justicia y devolverles su derecho a ser independientes.
En el Sahara también se hace necesario tener memoria, la misma memoria histórica que aun necesitamos en el estado español. Hace unos meses, un equipo de investigación de la Universidad del País Vasco, en colaboración con la Fundación Aranzadi, consiguió exhumar y estudiar cuerpos de saharauis asesinados y enterrados en medio del desierto en el año 1976. De esta manera, se prueba científicamente la evidencia de la masacre que el régimen marroquí cometió contra la población saharaui en aquellos años. Es necesario saber más, tener la posibilidad de que se desarrollen actividades de este tipo en los Territorios Ocupados por Marruecos. Las familias víctimas de desapariciones, y el pueblo saharaui en su totalidad, tienen que reconstruir la memoria que les ha sido arrebatada.
El pueblo saharaui también es un pueblo refugiado, exiliado por la guerra y la ocupación extranjera. En los campamentos de población refugiada de Tinduf (Argelia), miles de saharauis ansían regresar a sus hogares. El exilio no puede ser una situación permanente. Muchas generaciones sólo conocen de su tierra lo que les han contado sus antecesores. La hammada argelina es una de las zonas más inhóspitas del Planeta, donde se encuentran estos campamentos.
Allí el Frente Polisario ha creado un estado, con sus infraestructuras, sus servicios públicos… Pero un estado sin territorio, en el que todo es provisional, en el que no hay posibilidad de crear ni una estabilidad, ni una proyección de futuro. Las nuevas generaciones, hastiadas de esperar en medio del desierto, piden a su Gobierno el abandono del proceso de paz, el retorno a las armas, a la guerra.El estado español tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui, los dejamos tirados, los entregamos a Marruecos, el pueblo español tiene la obligación moral de denunciar la situación de la población saharaui que vive en los Territorios Ocupados por Marruecos que sufre, sistemáticamente, la violación de sus derechos más elementales.
La legalidad internacional es clara. Los Acuerdos Tripartitos de Madrid, por los cuales España cedía su soberanía sobre el Sáhara Occidental, son ilegales. Este proceso no puede ser desarrollado unilateralmente, sin la aceptación de la comunidad internacional.
Esto quiere decir que, según la legalidad internacional, España sigue siendo la potencia administradora del territorio hasta que se cierre el proceso de descolonización, mediante un referéndum de autodeterminación. Marruecos, por lo tanto, es únicamente la potencia ocupante, la que desarrolla la administración del Sáhara Occidental por la fuerza, mediante la represión, sin que ningún estado miembro de Naciones Unidas haya reconocido a día de hoy su soberanía sobre el territorio.
El Estado español es, por lo tanto, responsable de todo lo que ocurra en el Sáhara Occidental y debe impulsar la celebración del referéndum de autodeterminación cuanto antes.
España ha traicionado al pueblo saharaui una y otra vez, ningún Gobierno de la democracia ha sido lo suficientemente valiente para desarrollar una política acorde con sus obligaciones legales y morales. Siempre han primado los intereses económicos de unos pocos y las relaciones de Estado, que, en alguna ocasión, están directamente relacionadas con los intereses personales de quienes han ostentado determinados cargos públicos.
De este modo, presuntamente, la casa Real española, con el rey Juan Carlos I a la cabeza, está históricamente relacionada con la entrega del Sáhara Occidental a la monarquía marroquí. Ni que decir tiene que tanto el Partido Popular, como el PSOE, han prometido velar por los derechos del pueblo saharaui desde la oposición, olvidándose de las promesas, e incluso, traicionándolas abiertamente, una vez han llegado al poder. Es hora de que el Estado español asuma sus responsabilidades y se ponga del lado de los Derechos Humanos y de la libertad.
No se puede negociar con Marruecos la pesca en las aguas saharauis (como hace alguna gran superficie española). Los recursos naturales de la población saharaui deben ser repercutir sobre el pueblo saharaui, deben ser gestionados por ellos. De lo contrario, se está condenando a la pobreza a un pueblo que lucha por poder ser independiente. Las empresas españolas y europeas que compran pescado a Marruecos de estos caladeros deben ser sancionadas.
A día de hoy alrededor de 40 saharauis se encuentran encarcelados en prisiones marroquíes por la defensa de sus ideas. Una veintena de ellos fueron arrestados tras el desmantelamiento del campamento pacífico de Gdéim Izikm, desarrollado en noviembre del 2010. Exigimos su puesta en libertad inmediata.
El pueblo saharaui vive en una cárcel, es tratado como un refugiado en su propia tierra, las fuerzas de ocupación de Marruecos torturan, las desapariciones forzosas forman parte de esta represión sistemática, como también los abusos sexuales, las vejaciones…
Denunciamos que la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) sigue siendo la única misión de este tipo que no contempla entre sus competencias la vigilancia de los Derechos Humanos. Este año, se negoció la renovación de esta misión y las posturas de estados como Francia y España evitaron que se incluyera la cláusula de la vigilancia. Exijamos que esto cambie de una vez.
Los campamentos de Tinduf sobreviven, principalmente, por la ayuda proveniente de la cooperación internacional. El Estado español, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, así como diferentes ONGDs de aquí han sido los principales donantes de ayuda humanitaria para la población refugiada saharaui.
La crisis económica ha hecho que esta ayuda se haya reducido drásticamente, teniendo duras consecuencias para la población. Debemos impedir que la gestión de esta crisis se lleve por delante la cooperación internacional, pero más especialmente, debemos exigir que las ayudas al pueblo saharaui se conviertan en una prioridad para el gobierno del estado, dada la enorme responsabilidad que tiene el Estado español en este conflicto.
Recuperemos la memoria sobre nuestra historia y entenderemos hasta donde llega nuestra responsabilidad con el Sahara, este no es un conflicto ajeno al estado español, fue creado por España y tenemos el deber moral de no olvidar a un pueblo hermano.
¡VIVA EL SAHARA LIBRE!
*Concelleiro de Esquerda Unida de Narón, militante comunista y sindicalista.
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