¿Por qué el Gobierno de España no concede la nacionalidad a los saharauis que lo solicitan?

Casi 500.000 solicitudes de ciudadanía española se encontraban pendientes desde el año 2009, pero el gobierno de Mariano Rajoy se propuso activar esos expedientes, y con la ayuda del Colegio de Registradores de España desempolvó los legajos. De esas peticiones pendientes, 53.458 han sido rechazadas por diversas causas; 39.670 han sido devueltas por faltar algún documento en la petición, y el resto han sido aprobadas, pasando así sus peticionarios a tener la nacionalidad española.

Los nuevos españoles son, por este orden, ecuatorianos (44.436), colombianos (39.671), marroquíes (29.839), peruanos (22.588) y bolivianos (20.930).

Los requisitos que exige la legislación para obtener la ciudadanía española a los extranjeros que no proceden de países miembros de la UE, son que tenga la residencia española –el número de años depende de los acuerdos vigentes con su país de origen-, no tener antecedentes penales y estar cobrando un salario como trabajador o un subsidio de desempleo.

Se sabe de numerosos casos en los que el CNI (Centro Nacional de Inteligencia) se ha opuesto a la concesión de la nacionalidad de marroquíes, pero los tribunales no han considerado esas objeciones. El “coladero” español es de sobra conocido por todos y aquí recalan todo tipo de personajes como los piratas acudían a ciertas calas en busca derefugio.

El permiso de residencia es fácil de obtener para un extranjero si compra un inmueble por encima de 160.000 euros o invierte en deuda soberana o crea empresas que generen empleo o se dediquen a formación en “negocios”. El objetivo es, sobre todo, “atraer inversión extranjera a nuestro país”, dice el gobierno de Rajoy.

No importa la procedencia del dinero, ni se va a exigir información acerca de cómo se ha conseguido. ¡Que más da!

No obstante, me llama poderosamente la atención, la ausencia de ciudadanos saharauis a los que el Gobierno de España les haya concedido la residencia o la ciudadanía española. Sabemos de muchos casos en los que ciudadanos saharauis llevan años y años esperando obtener una respuesta por parte de la Administración, pero el silencio suele ser casi siempre la única respuesta. Esta anomalía administrativa, esa voluntad de negar de facto ese derecho a los saharauis, se viene produciendo con más intensidad desde el campamento de Gdeim Izik, la protesta saharaui habida que tuvo lugar en noviembre de 2010 en El Aaiún, territorio ocupado militarmente por Marruecos.

Hay que recordar, y repetirlo de forma machacona una y otra vez, que España abandona el Sáhara Occidental en febrero de 1976, olvidando las promesas que el entonces Príncipe de España hizo a militares españoles y al pueblo saharaui. Hay que repetir hasta la saciedad que el Sáhara Occidental fue colonia española, más tarde la provincia número 53, y que además –según la ONU- España sigue siendo la potencia administradora de iure de ese territorio. Por si fuera poco, los Acuerdos de Madrid son ilegales, al no haber sido publicados en el BOE.

Muchos de los saharauis –o sus padres- que ahora solicitan la ciudadanía española han tenido el DNI (Documento Nacional de Identidad) español. Entonces, ¿por qué el Gobierno de España no concede la nacionalidad a los saharauis que la solicitan? Oficialmente no se sabe, pero yo me lo figuro.