Corrupción en el sistema internacional de derechos humanos
Por Louis-Marie Bonneau, abogado en Francia
El reciente escándalo en el Parlamento Europeo (nótese el escándalo « Qatargate ») ha planteado la cuestión de si las organizaciones no gubernamentales (ONG), los actores privados y los Estados ejercen influencia en las organizaciones internacionales. Mientras el Centro Europeo para la Ley y la Justicia (ECLJ) da la voz de alarma sobre la financiación secreta de muchos expertos en las Naciones Unidas (ONU), uno de sus socios de investigación explica el « estrangulamiento » de algunos actores en estas organizaciones (internacionales) que supuestamente defienden los derechos humanos…
El sistema internacional de derechos humanos se caracteriza por un fenómeno de « captura » y « privatización », dos palabras que pueden combinarse en una sola: « influencia ». Con los términos « sistema internacional de derechos humanos » nos referimos a los tribunales internacionales encargados de velar por el cumplimiento de los tratados que consagran estos derechos (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo) y a las organizaciones internacionales especializadas en este ámbito (la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional). Este fenómeno de cautividad se da de diferentes formas: a través de la financiación de las organizaciones, a través de la participación institucional en sus trabajos, a través de la injerencia en el proceso de designación de sus miembros y de la creación de una tupida burbuja ideológica en torno a ellas.
Influir en los derechos humanos: Una inversión internacional
Los informes financieros de diversos organismos de los que hemos informado muestran que, en parte, existe financiación procedente de contribuyentes privados ¡voluntarios! Estos principales financiadores suelen ser las fundaciones neoliberales Open Society, Ford, Oak, Gates y MacArthur. Algunas empresas como Microsoft, Google o Facebook también financian el sistema de derechos humanos. Sin embargo, no son las únicas, ya que las principales universidades del sistema anglosajón (a menudo financiadas por las mismas fundaciones neoliberales) también prestan su apoyo (financiero). Además, algunos Estados son especialmente activos, como los Países Bajos o Noruega, financiando instituciones mucho más allá de las contribuciones estatales habituales. La cuestión que se plantea a continuación es qué motiva a estos diferentes actores a financiar de este modo el sistema internacional de derechos humanos.
Para los neoliberales, la democracia y los derechos humanos son medios para extender su ideología por todo el mundo. Los tribunales de derechos humanos y las instituciones internacionales de derechos humanos son puntos estratégicos por su influencia y poder sobre los Estados. Sobre todo porque las ONG pueden intervenir fácilmente y los fondos neoliberales pueden colmar en su provecho el vacío financiero resultante de la falta de aportaciones regulares de los Estados.
Se trata de una oportunidad para estos grandes actores de promover su propia visión de los derechos humanos, es decir, su deseo de crear una sociedad abierta en la hegemonía de los mercados y aún más concretamente en el aumento de los beneficios privados. La idea de dividir la sociedad en grupos minoritarios es una forma de « liquidar » la sociedad, de hacerla permeable a la imposición de un mercado global abierto sin barreras a la libre circulación de bienes y personas. El interés económico de estos grupos por influir es empujar a los Estados hacia sociedades multinacionales gobernadas por « Estados internacionales ».
La nueva ética: el ideal de la « sociedad abierta
En una entrevista con ECLJ, un antiguo experto de la ONU hablaba de una « corrupción silenciosa » en relación con la financiación. Pero es necesario entender qué significa « corrupción ». Aparte del aspecto financiero, que ahora vemos que causa revuelo en el Parlamento Europeo, la corrupción tiene que ver sobre todo con el debilitamiento intelectual, moral e ideológico de las personas que trabajan en los mecanismos de derechos humanos (jueces, expertos de la ONU,…), lo que lleva a la imposición, por parte de actores externos, de una agenda y unos temas (específicos). Puede interpretarse bien porque estos actores de derechos humanos no siempre están preparados para detectar y hacer frente a la influencia de la que pueden ser objeto, bien porque siguen fielmente los mensajes de quienes les influyen. Los actores influyentes son aquellos que detentan la hegemonía económica y cultural necesaria para dominar el sistema.
Para los neoliberales, el reto consiste en desmantelar las tradicionales « sociedades cerradas » dominantes utilizando los procesos judiciales internacionales y la influencia de quienes son la referencia en la materia, por ejemplo, los expertos de la ONU o los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El objetivo es alcanzar la « sociedad abierta », el ideal de lo que Marcel De Corte denominó la « antisociedad » (« disociedad »). Esto requiere una homogeneización cultural entre los Estados y, además, una lucha contra los particularismos, las tradiciones y las herencias históricas y religiosas. El mencionado experto en salud de la ONU expresó maravillosamente la siguiente postura en uno de sus informes: « La xenofobia, los ‘valores familiares tradicionales’ y otras formas de discriminación socavan la cohesión social en detrimento de todos ». Recibió al menos 425.000 dólares de financiación directa de la (Open Society Foundation) durante su mandato. Así, en los países de tradición cristiana, los casos que llegan a los tribunales europeos están impulsados (nota: ideológica y políticamente) por la emancipación frente a la religión, el « derecho al aborto » y la eutanasia. Esta estrategia tiene sentido desde el punto de vista económico porque, como explica el Dr. Gaëtan Cliquennois, investigador del CNRS, « la globalización económica se basa en la globalización cultural ».
Un orden moral binario
Con demasiada frecuencia tenemos la sensación de que se impone un orden moral dual. En nuestras sociedades laicas está surgiendo un nuevo sacerdocio simbólico. Son los « profetas de los derechos humanos ». Este nuevo sacerdocio impone implícitamente una moral que debe guiar la acción política. Y antes de imponerla, la anuncia. Es lo que escribió Charles Péguy: « Todo comienza en la mística y termina en la política ». En una sociedad de ateísmo radical, la mística del progreso enseña al hombre que él debe ser la medida de todas las cosas, que la autonomía de su voluntad establece la realidad. Sin duda, esta idea es rentable y algunos « filántropos » la han entendido bien.
fuente
https://enromiosini.gr/arthrografia/diafthora-sto-diethnes-systima/
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