Alfonso Lafarga.-
Cuando parecía que el Gobierno de España adoptaba, por fin, una postura comprometida sobre el Sáhara Occidental al asumir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en la que se reconoce que la excolonia española no forma parte del reino de Marruecos, el ejecutivo de Mariano Rajoy ha vuelto a templar gaitas para no molestar a Marruecos. Por el contrario, varias instituciones autonómicas piden el cumplimiento de la sentencia e insisten en la responsabilidad del Estado español con el pueblo saharaui.
Causó sorpresa la respuesta del Gobierno de 14 de marzo al diputado de Podemos Jorge Luis Bail conteniendo que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos de acuerdo con la sentencia del TJUE sobre los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea, máxime cuando, como dijo el senador Carles Mulet (Compromís) el Partido Popular había vetado en el Senado una declaración institucional “extremadamente aséptica” después de la sentencia del TJUE.
El Confidencial tituló que España asumía la sentencia, el especialista en el Magreb Ignacio Cembrero comentó que “se acabaron las ambigüedades y titubeos” y el corresponsal de El País en Rabal, Francisco Perejil, escribió que “la respuesta declaraba por primera vez, negro sobre blanco, que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos”.
Pero inmediatamente el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación salió al paso para manifestar que el Gobierno no había variado su posición: la portavoz Ana María Rodríguez dijo a EFE que el Gobierno sigue apostando por una solución “política justa, duradera y mutuamente aceptable”, declaración institucional con la que solventa siempre el conflicto del Sáhara, y reiteró la “firme intención” de España de mantener una “relación privilegiada” con Marruecos.
Desde Exteriores se reconoció a El País que la respuesta parlamentaria pudo haberse redactado mejor, pero que las relaciones con Marruecos no están sufriendo porque en Rabat “conocen muy bien nuestra postura”. Lo que parecía una postura comprometida con la excolonia a la que España abandonó sin proceder a la descolonización se quedó en agua de borrajas.
Por el contrario, varias instituciones autonómicas hicieron una declaración de compromiso y han pedido al Gobierno de Rajoy que actúe en consecuencia y que se cumpla la sentencia del TJUE. Los parlamentos vasco, balear y aragonés y la asamblea de Extremadura aprobaron por unanimidad declaraciones institucionales en este sentido, pues los acuerdos asociados a la liberación entre Marruecos y la UE “no son de aplicación en el territorio de Sáhara Occidental” y expresaron “su preocupación por la explotación de los recursos naturales en Sáhara Occidental por parte de compañías europeas, lo cual entra en contradicción con el derecho internacional europeo”.
En la declaración se insiste en la “ilegalidad de cualquier actividad comercial en territorio del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui“, y se llama a las compañías europeas, españolas y de cada comunidad para que cesen las actividades que “puedan favorecer a la perpetuación de la ocupación marroquí del Sahara Occidental y la explotación de sus recursos naturales”.
Aprovechan para recordar que España puso fin a su presencia en el Sáhara Occidental “dejando inconcluso el proceso de descolonización, que ya estaba en curso en el marco de la ONU”, por lo que el Estado “tiene una responsabilidad histórica, jurídica y moral con el pueblo saharaui”.
Una declaración similar fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el 24 de marzo de 2017 y el Cabildo de Fuerteventura el 20 de marzo instó al Gobierno, a las instituciones Canarias y a las empresas canarias a cumplir la sentencia del Tribunal Europeo, a la vez que pidió el reconocimiento efectivo del Frente Polisario.
El 28 de marzo los Grupos Parlamentarios Unidos Podemos En Comú Podem En Marea y Compromís instaron a España acatar y hacer cumplir la sentencia del TJUE, a la vez que pidieron el cese de la represión de las manifestaciones de saharauis en El Aaiún y garantías judiciales y observación internacional en el juicio de Gdeim Izik.
En esta línea, el senador de Compromís, Carles Mulet, ha presentado varias preguntas al Gobierno pidiendo explicaciones sobre su “papel cómplice” con Marruecos, pues considera que “su inhibición con el Sáhara permite las agresiones marroquíes contra la población del territorio ocupado”, lo que califica de “cobarde y colaboracionista”.
Mientras tanto, en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí y ciudades de Marruecos con población saharaui se siguen produciendo violaciones de los Derechos Humanos. Marzo saharaui 2017 incluye una relación aproximada de estos hechos ocurridos en marzo de 2017, según datos de organizaciones internacionales y medios de información saharauis, tanto oficiales como independientes y Testimonios declaraciones de los presos políticos de Gdeim Izik.
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