Entre 1981 y 1984 tuvo lugar uno de los episodios más negros en Marruecos, se trata de los levantamientos populares conocidos como “revueltas contra la carestía de la vida” o “revueltas del hambre”. Habían empezado en 1981 pero entre los días 19 y 21 de enero de 1984 se produjeron los más importantes, movilizaciones y huelgas contra la escasez y la carestía de los productos básicos.
La respuesta del régimen marroquí fue de excesiva violencia y represión. Utilización del aparato policial y judicial para perseguir y acabar con toda amenaza que pudiera venir de la oposición política. Para ello no se dudó en emplear contra la población civil artillería, tanques, helicópteros y ametralladoras, todo valía para sofocar las manifestaciones.
La crisis del país era paralela a la crisis económica internacional, unida a un elevado gasto militar del Estado para hacer frente a la guerra del Sáhara. Fue un período de permanente reajuste económico. Las exportaciones estaban a la baja mientras que el precio de los productos de importación, sobre todo el petróleo, los precios no paraban de subir. La población pagaba el precio del endeudamiento económico y unos planes de estabilización que buscaban satisfacer un programa de ajustes impuesto por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Escribía Domingo del Pino en 1984 que Marruecos tenía una deuda exterior de 1.000 millones de dólares. Desde 1970 los salarios habían sido congelados, mientras que los precios habían subido casi un 300%.
La oposición canalizó este clima de crisis económica para demandar cambios económicos y políticos. Lo que se tradujo en una amplia huelga general en junio de ese mismo año en la zona del Rif, ampliamente secundada en Nador, donde un 90% de los establecimientos amanecieron cerrados. Aquel día transcurrió entre registros domiciliarios y detenciones, que también se estaban produciendo en Tetuán, mientras que las tropas se desplazaban desde esta ciudad dirección a Larache y Casablanca. Los levantamientos fueron reprimidos con mano de hierro. El balance final fue de decenas de muertos y cientos de detenidos en ese día. Los cuerpos fueron rápidamente enterrados en fosas comunes.
Los estallidos populares no cesaron, habían comenzado en Marrakech en diciembre del año anterior. Entre las causas del estallido social se encontraban las subidas de las tasas de bachillerato y universidades, lo que llevó al movimiento estudiantil a desarrollar protestas en diferentes ciudades como Safi, Rabat, Agadir, Meknés y Marrakech. Más tarde se extendieron a más regiones del país, cerca de cincuenta localidades, especialmente en el norte, la región del Rif.
A pesar de que constituían el grueso de los manifestantes, estas protestas no fueron únicamente de destudiantes, otras capas sociales eran víctimas de la políticas basadas en los recortes presupuestarios en materia social y la suspensión de subvenciones a productos básicos como el aceite, la harina, la mantequilla, el azúcar, el butano… acompañada de una escasez de productos.
En Casablanca, se hallaban cerca de 25.000 unidades de las fuerzas de seguridad, casi la mitad de los operativos que se habían puesto en funcionamiento, según menciona Ángela Suárez Collado, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada (UGR) y Doctora por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en su estudio sobre El Movimiento Amazigh en el Rif. El balance de esta ciudad fue de decenas de muertes y arrestos, centrados sobre todo en la comunidad estudiantil y militantes. Fueron detenidos miembros del Partido del Progreso y el Socialismo (PPS), de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) y del sindicato Unión Marroquí del Trabajo (UMT) aunque las organizaciones que se encontraban fuera del poder, sufrieron una persecución sin parangón, como es el caso de Ilal Amam (Adelante) y los islamistas. No obstante, según explica Collado, las movilizaciones no tuvieron un liderazgo identificable, sino que se trataba de manifestaciones que expresaban el hartazgo y la frustración popular que se acercaron a los grupos antes nombrados.
Los medios de comunicación gubernamentales guardaron silencio absoluto sobre los acontecimientos. En la frontera entre Nador y Melilla, el estado marroquí prohibió la entrada a decenas de periodistas españoles y extranjeros que pretendían cubrir los incidentes. Todo lo que se sabía era que los militares controlaban los hospitales donde se atendía a los heridos y que más de una veintena de personas habían muerto.
Según explicaron fuentes del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las investigaciones demostraron que la responsabilidad de las muertes “se debieron al uso excesivo de la fuerza pública (contra los manifestantes) o por las condiciones inhumanas de detención arbitraria” de los arrestados. En los locales de la Protección Civil de Casablanca habían sido halladas las fosas comunes de las 81 víctimas, cuerpos que habían sido transportados en secreto.
En el Rif
Las movilizaciones fueron más importantes, las condiciones económicas y sociales que se vivía en el país, eran más exageradas en el Rif debido a la falta de industrias y la política de abandono a la que había sumido el monarca a este territorio. La respuesta del Estado fue de represión absoluta, centrada en la persecución de asociaciones amazigh que recurrieron a la clandestinidad o desaparición por completo.
Las protestas en el Rif habían comenzado en Alhucemas, la represión hizo de gasolina y no tardaron en expandirse a Nador. Los levantamientos fueron lideraro por los estudiantes, punta de lanza de las protestas, sin embargo, se unieron a ellos los campesinos y los obreros. También lo hicieron los contrabandistas, debido a que se había creado un impuesto de 500dh que debían pagar cada vez que salían del país y entraban en la vecina Melilla. Una medida que ponía en peligro la economía informal en la región Nador, que basaba parte de su grueso en este contrabando.
Después de saquear los edificios gubernamentales e incendiado coches, los manifestantes se enfrentaron a una intervención militar. En Nador los tiroteos contra la población civil eran continuos. El centro de las ciudades era ocupado por los carros blindados mientras que las calles eran peinadas por la Gendarmería.
El balance en las ciudades del norte fue de decenas coches quemados, edificios públicos y tiendas destruidas, numerosos arrestos, sobre todo de estudiantes y militantes de la USFP.
Las cifras oficiales presentadas el 25 de enero de 1984 por el primer ministro en Nador contabilizaban un total de siete coches y un camión de las fuerzas de seguridad calcinados. En cuanto a las víctimas, el estado reconocía un total de veintinueve muertos, dieciséis en Nador y cuatro en Alhucemas, más de cien heridos.
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