El conflicto del Sáhara Occidental: situación actual y perspectivas de solución

El conflicto del Sáhara Occidental entre el Reino de Marruecos y el Frente POLISARIO, representante del pueblo saharaui, ha durado más de 40 años, 16 de los cuales fueron de guerra activa. Sin embargo, la solución al conflicto sigue siendo difícil de alcanzar, con todos los riesgos que puede suponer la continuación del conflicto para la estabilidad y la seguridad en toda la región del norte de África.

El marco actual de las negociaciones dirigidas por la ONU y la diplomacia itinerante del enviado personal, Christopher Ross, no están dando resultados. El alto el fuego, que entró en vigor en septiembre de 1991 como un primer paso para la celebración del referéndum, como habían acordado las dos partes, corre gran peligro. En pocas palabras, todo el proceso político está en un punto muerto, y no hay perspectivas de que vaya a conducir a una solución rápida y sostenible en el futuro próximo.

Hay tres elementos clave que, a mi juicio, constituyen el marco adecuado para comprender el conflicto del Sáhara Occidental en sus dimensiones históricas, jurídicas y políticas y que hay que tener en cuenta a la hora de examinar soluciones a este problema.

1. La cuestión del Sáhara Occidental es básicamente un problema de descolonización, inscrito en la agenda de la ONU desde 1963 cuando el territorio era colonia española. Lo que significa esto es que el pueblo de este territorio no autónomo tiene un derecho inalienable a la libre determinación. Por esta razón, conforme al principio de la inadmisibilidad de la adquisición de territorios mediante el uso de la fuerza (res. 2625 de 1970), ni la ONU ni ningún país en el mundo han reconocido la legalidad de la anexión marroquí del Sáhara Occidental.

2. El origen del conflicto está en la invasión militar y anexión forzada por parte de Marruecos del territorio del Sáhara Occidental en 1975. Las causas subyacentes del conflicto, no obstante, residen en la ideología expansionista del llamado “Gran Marruecos” impulsada por el líder del partido ultranacionalista, Istiqlal, poco después de que Marruecos lograse su independencia en marzo de 1956. Esta ideología enseguida fue utilizada por la monarquía marroquí como elemento central de su política nacional y regional. En el plano político, la invasión marroquí del Sáhara Occidental fue prácticamente una maniobra premeditada por el Rey Hassan II con el fin de desviar la atención de su pueblo de la creciente crisis de legitimidad interna a la que se enfrentaba la monarquía alauita en ese momento. También tenía como objetivo construir un consenso nacional en un período de inestabilidad interna y neutralizar la amenaza del ejército después de dos intentos de golpe de estado contra el Rey en julio de 1971 y agosto de 1972.

3. La ocupación militar y anexión marroquí del territorio obligó al pueblo saharaui, bajo el liderazgo del Frente POLISARIO, a emprender una resistencia legítima primero por vía armada durante 16 años y posteriormente por vía pacífica y diplomática para ejercer su derecho a la libre determinación y la independencia. Además, después de más de 40 años de lucha y construcción nacional, la nación saharaui ya es un hecho tangible e irreversible. El estado saharaui, la RASD, proclamado el 27 de febrero de 1976, ha sido reconocido por más de 80 países y es Estado miembro y fundador de la Unión Africana, la organización continental que reúne a 54 Estados africanos, menos Marruecos. La RASD ejerce su plena soberanía sobre los territorios liberados del Sáhara Occidental donde sigue realizando grandes esfuerzos para proporcionar la infraestructura necesaria para la población saharaui que vive en esos territorios a la espera de recuperar su soberanía sobre el conjunto del territorio nacional.

En lo que se refiere a Marruecos, su recurso a la violencia (en forma de una invasión militar y anexión forzada del territorio en 1975) se justifica por la necesidad de recuperar una tierra “usurpada” que pertenecía a Marruecos desde tiempos inmemoriales. Obviamente, las reivindicaciones marroquíes sobre el Sáhara Occidental en particular fueron rotundamente refutadas por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva del 16 de octubre del 1975 en la que afirmó que nunca habían existido vínculos de soberanía entre Marruecos y el Sáhara Occidental. En concreto, su objetivo principal hoy en día consiste en mantener a toda costa (y ojalá legitimar internacionalmente) su control de facto sobre la mayor parte del Sáhara Occidental. Con el paso del tiempo, el control efectivo del territorio saharaui se ha convertido en un elemento esencial para la unidad nacional y para mantener a la propia Monarquía cuya legitimidad política y estabilidad han sido estrechamente vinculadas a este problema.

En vista de los recursos disponibles en el territorio saharaui, otro objetivo relacionado consiste en salvaguardar los intereses individuales y colectivos de los demás actores que tienen mucho en juego en el conflicto. Éstos incluyen los altos mandos militares de los que una gran parte se encuentra estacionada en el Sáhara Occidental así como la clase política y el sector empresarial que forman parte del sistema del Majzen (o el poder detrás del trono) que es una forma típica de poder que está presente en todos los niveles de gobierno en Marruecos cuyo eje principal es el propio Rey. Teniendo en cuenta las realidades actuales sobre el terreno, la estrategia preferente de Marruecos hoy en día consiste simplemente en “ganar tiempo”, con la esperanza de que algún día a la comunidad internacional no le quede más remedio que resignarse al hecho consumado y termine por aceptar y reconocer la anexión definitiva del Sáhara Occidental.

En cuanto al pueblo saharaui, recordemos que la invasión marroquí y la anexión del Sáhara Occidental, a pesar de sus motivos políticos y económicos, significaba una negación de la existencia de una identidad nacional saharaui distintiva con un derecho

propio a la libre determinación y la independencia. La prueba de esta negación en el ámbito político fue el bombardeo de civiles saharauis con napalm y fósforo blanco, y la política de tierra quemada llevada a cabo por las fuerzas marroquíes en el Sáhara Occidental. También se refleja en las diversas formas de violencia practicadas hoy en día contra la población civil en los territorios bajo la ocupación de Marruecos, y la destrucción deliberada del patrimonio cultural saharaui.

Fue entonces este intento de exterminio físico y cultural el que provocó la resistencia colectiva del pueblo saharaui, bajo el liderazgo del Frente POLISARIO, contra la agresión marroquí. En otras palabras, la lucha actual del pueblo saharaui es una lucha por la supervivencia y por el reconocimiento de su existencia nacional. Sin embargo, sería un error suponer que el nacionalismo saharaui surgió principalmente en oposición a la ocupación marroquí, porque es algo que se construyó y se consolidó como consecuencia de un proceso largo y complejo histórica y socio-políticamente. Ésta es la razón por la que reducir el conflicto del Sáhara Occidental a una simple lucha entre dos nacionalismos es una simplificación que deja al margen muchos elementos fundamentales para comprender este conflicto en toda su complejidad. En pocas palabras, el objetivo del pueblo saharaui es defender su independencia y su tierra contra la invasión militar de Marruecos y liberarla de la ocupación extranjera como requisito previo para que este pueblo pueda ejercer su derecho internacionalmente reconocido a la libre determinación.

Tras 16 años de guerra, a finales de los años ochenta, la ONU y la Organización para la Unidad Africana (OUA) propusieron un Plan de Arreglo para el Sáhara Occidental que fue aceptado por ambas partes en conflicto, Marruecos y el Frente POLISARIO en 1988. Este plan se basaba en la celebración de un referéndum de autodeterminación en el que el pueblo saharaui elegiría entre la independencia o integración en Marruecos. Con este fin, la ONU desplegó su misión en el Sáhara Occidental (la MINURSO) para supervisar el alto el fuego, que entró en vigor en septiembre de 1991, y organizar el referéndum de autodeterminación. Sin embargo, la aplicación de este plan se enfrentó desde el primer momento con la intransigencia marroquí que llevó el proceso a un bloqueo total. Esta situación duró siete años hasta que interviniera James Baker, el antiguo secretario de estado norteamericano, quien logró celebrar una serie de conversaciones directas entre las dos partes que culminaron en la firma de los acuerdos de Houston en septiembre de 1997.

Gracias a la intervención de Baker, en enero de 2000, la MINURSO logró publicar la lista provisional de los votantes con derecho a voto en el referéndum que contenía 86,386 personas. Fue exactamente en este momento en el que Marruecos decidió romper con el Plan de Arreglo al darse cuenta muy bien que cualquier referéndum libre y democrático, con los votantes ya determinados, llevaría seguramente a la independencia del Sáhara Occidental. Obviamente, la falta de una reacción decisiva por parte del Consejo de Seguridad para asegurar el cumplimiento de Marruecos con el plan acordado fue claramente responsable de permitir que Marruecos persistiera en su postura intransigente, que finalmente llevó el proceso a un punto muerto.

En abril de 2004, Marruecos, bajo el reinado de Mohamed VI, finalmente declaró que solo apoyaría una solución política basada en una autonomía no negociable en el marco de la “soberanía marroquí”. Es decir, una solución que legitimara su ocupación y anexión del Sáhara Occidental. Marruecos persistió en su rechazo al Plan de Arreglo de la ONU y la idea de un referéndum de autodeterminación, que incluyese la opción de la independencia, pero el Consejo de Seguridad no hizo nada para detenerlo. Con el tiempo, el proceso político de la ONU en el Sáhara Occidental llegó a un punto muerto que Marruecos y sus aliados, especialmente Francia, pretendieron superar impulsando lo que llamaban “una solución realista.” Es decir, una solución consensual basada, por un lado, en la legalidad internacional simbolizada por el derecho a la autodeterminación y, por el otro lado, en la realidad política actual impuesta por el hecho consumado de la ocupación y anexión marroquí de la mayor parte del territorio saharaui.

Sobre la base de esta lógica inspirada claramente en el realismo político, y detrás de la cual se esconde el generoso apoyo que recibía Marruecos de Francia y hasta cierto punto de los EE.UU. bajo la administración de Bush hijo, el Consejo de Seguridad adoptó su resolución 1754, el 30 de abril de 2007, en la que, en un párrafo operativo (2), exhortó a las partes a que entablasen “negociaciones de buena fe sin condiciones previas con miras a lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que condujera a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”.

Aunque esta resolución estableció la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental como la base y la finalidad de la solución política mutuamente aceptable a la que deberían llegar las dos partes, también señaló claramente un cambio fundamental en la actitud del Consejo de Seguridad con respecto a la cuestión del Sáhara Occidental. Del apoyo a una solución basada en el referéndum de autodeterminación, que había sido pactada por ambas partes y aprobada por el propio Consejo de Seguridad, el Consejo ha pasado a llamar simplemente a una “solución política mutuamente aceptable” a través de las negociaciones.

En el marco de la resolución 1754 y las subsiguientes resoluciones del Consejo de Seguridad, entre junio de 2007 y marzo de 2012, cuatro rondas de negociaciones oficiales y nueve rondas de conversaciones informales tuvieron lugar entre ambas partes bajo los auspicios de la ONU. Sin embargo, las negociaciones no han logrado ningún avance sustantivo debido al hecho de que Marruecos sigue insistiendo en que su propuesta de autonomía, presentada en 2007, sea el punto de partida y llegada en las negociaciones. Por su parte, el Frente POLISARIO insiste en que la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, conforme a la petición formulada por el Consejo de Seguridad, deba ser la base y la finalidad de cualquier solución política mutuamente aceptable a la que deberían llegar las partes.

Además, el Frente POLISARIO considera que la soberanía sobre el Sáhara Occidental (y la consiguiente determinación del estatuto final del territorio) reside en el pueblo saharaui. Por lo tanto, corresponde al pueblo saharaui decidir sobre este asunto en un proceso libre y democrático, ya sea a través de un referéndum o cualquier otra fórmula que sea aceptable para él y compatible con las normas internacionales. Lo que pretende Marruecos con su propuesta de autonomía es precisamente determinar de antemano el estatuto final del territorio (convirtiéndolo en una región autónoma) y, en consecuencia, ejercer el derecho de decidir sobre este asunto fundamental en lugar del pueblo del territorio, lo que obviamente es inaceptable para el Frente POLISARIO.

Tanto el Consejo de Seguridad como el Secretario-General de la ONU vienen reiteradamente exhortando a ambas partes a que vayan más allá de sus respectivas posiciones para buscar enfoques innovadores que puedan ayudar a avanzar hacia “una fase más intensiva y sustantiva de las negociaciones” que conduzcan a una solución mutuamente aceptable. Sin embargo, por mucho que insistan en que no puede justificarse el mantenimiento del statu quo, la ONU y la comunidad internacional siguen sin implicarse de modo constructivo en la búsqueda de una solución justa y sostenible a este conflicto, que muchos todavía consideran como un conflicto de baja intensidad. Ésta es una de las razones por la cual apenas se habla del conflicto en los medios de comunicación y en el mundo académico, lo que convierte este conflicto en uno de los conflictos más olvidados en África.

En los campamentos de refugiados saharauis cerca de Tinduf en el suroeste de Argelia, las condiciones de vida se están haciendo cada vez más difíciles. También existe un creciente sentimiento de frustración, especialmente entre los jóvenes saharauis, por la falta de progreso hacia un proceso de autodeterminación y por la inacción por parte de la ONU ante las transgresiones de Marruecos. En esta situación, no es de extrañar que las llamadas a retomar las armas estén aumentando.

En los territorios ocupados, la población saharaui sigue siendo víctima de abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos que incluyen violación de la libertad de expresión, la libertad de asociación y otros derechos políticos, sociales y económicos fundamentales. El territorio está bajo un bloqueo militar y mediático total, y las autoridades marroquíes continúan negando el acceso al territorio a los observadores internacionales y los medios de comunicación. El territorio se ha inundado de miles de colonos marroquíes, con lo cual la población indígena se ha convertido en una minoría en su propio país, además de la política de “marocanización” cuyo objetivo consiste en aniquilar y suplantar la cultura y el patrimonio cultural saharaui. Marruecos persiste en explorar y explotar de forma ilegal los recursos naturales del territorio a menudo en complicidad con terceros, incluyendo instituciones y países de la Unión Europea. Debido al clima de represión, en los últimos años ha aumentado la resistencia de la sociedad civil saharaui en los territorios ocupados. Este activismo popular culminó con el surgimiento en 2005 de un movimiento popular no violento (la intifada saharaui) como una expresión de la frustración por la falta de perspectivas de la celebración del tan esperado referéndum de autodeterminación.

La situación regional sigue siendo inestable, y las consecuencias de la llamada “primavera árabe” todavía se viven en toda la región. La creciente presencia de elementos extremistas, terroristas y criminales en la zona del Sahel-Sáhara (involucrados en el tráfico de drogas y de armas, el crimen organizado transnacional, el secuestro y toma de rehenes, etc.) también supone un gran riesgo para la estabilidad y seguridad de la región del Magreb.

La responsabilidad compartida para transformar el conflicto recae claramente sobre las dos partes más que nadie. Sin embargo, el Consejo de Seguridad puede jugar un papel fundamental, como lo que hizo en los casos de Namibia y Timor Oriental. El gran desafío realmente es cómo garantizar que el Consejo de Seguridad se dedique a este problema de manera constructiva y positiva que conduzca a una solución justa y duradera al conflicto.

Debido al carácter centralista (o mejor dicho absolutista) del sistema político en Marruecos, el problema del Sáhara Occidental siempre ha sido monopolizado como dominio exclusivo del régimen monárquico y la clase política asociada con él. A pesar de la tímida apertura registrada en Marruecos en los últimos años, el manejo y la toma de decisiones sobre todos los aspectos de este dossier está todavía en manos del Rey y sus consejeros. El papel del gobierno en el poder se limita simplemente a cumplir con las instrucciones recibidas del palacio. Por lo tanto, la necesidad de involucrar a otros actores políticos y sociales en el proceso de transformación del conflicto sigue siendo de suma importancia.

En conclusión, creo que una solución pacífica, justa y duradera al conflicto del Sáhara Occidental implica necesariamente el ejercicio por el pueblo saharaui de su derecho internacionalmente reconocido a la libre determinación mediante un proceso democrático y libre conforme al derecho y práctica internacionales. El principio de la libre determinación es la fuerza moral y jurídica que ha impulsado la realización de las aspiraciones nacionales de muchos pueblos en todo el mundo en su lucha por la libertad. En las últimas tres décadas, tres estados (Namibia, Timor Oriental y el Sur de Sudán) han sido admitidos en la ONU como estados libres gracias a un proceso de libre determinación.

También pienso que el éxito del proceso de negociación supervisado por la ONU dependerá de la voluntad política de ambas partes no solo de buscar una solución mutuamente aceptable sino también de reflexionar seriamente sobre sus relaciones en el contexto de post-conflicto. Este proceso de pensar cooperativa y recíprocamente es esencial para lograr no solo una solución de la que todos salgan ganando (win-win solution) sino también para sentar las bases de unas relaciones con visión de futuro y mutuamente beneficiosas a largo plazo. Lo que se necesita, por tanto, no es solo una solución mutuamente aceptable, sino también una que aborde las causas fundamentales que han dado origen al conflicto violento en primer lugar con el fin de crear las condiciones necesarias para una paz sostenible en toda la región.