(Alfonso Lafarga).- Fue el juicio con menos garantías y mayores condenas en los 40 años de resistencia del pueblo saharaui contra la ocupación marroquí. En una cárcel cerca de Rabat 21 presos políticos saharauis cumplen penas de 20 años a cadena perpetua impuestas por un tribunal militar; trece de ellos llevan un mes en huelga de hambre. Son el grupo de Gdeim Izik, los precursores de la “primavera árabe”.
Los trece, junto con otros 8 que no secundaron la huelga por motivos de salud, están recluidos en la cárcel de Salé, cerca de Rabat, a 1200 kilómetros de la capital del Sáhara Occidental, El Aaiún, distancia que tienen que recorrer sus familias todas las semanas para una corta visita.
Mohamed Bashir Boutanguiza, Sidahmed Lemyejed, Ahmed Sbaai, Mohammed Bani, Brahim Ismaili, Sidi Abdullah Abahah, Naama Asfari, Hassan Dah, Mohammed Bureal, Cheikh Bang, Mohammed M’Barek Lefkir, Abdullah Toubali y Bashir Khada se encuentran en huelga desde el 1 de marzo y piden que se anule el juicio militar por el que fueron condenados el 17 de febrero de 2013, su puesta en libertad y ser reconocidos como presos políticos.
Llevan cinco años y medio privados de libertad, a raíz del violento desmantelamiento por la policía y el ejército marroquí, el 8 de noviembre de 2010, del “campamento de la dignidad”, a 12 kilómetros de El Aaiún, en el que más de 20.000 saharauis reclamaron en el desierto derechos sociales y civiles.
Las reivindicaciones de Gdeim Izik, fueron consideradas por el lingüista y filósofo norteamericano Noam Chomsky, uno de los más importantes pensadores contemporáneos, el detonante de la primavera árabe, como sucedió en Túnez, Libia y Egipto.
Las autoridades marroquíes dijeron que durante el asalto murieron once policías, aunque en el juicio, celebrado en febrero de 2013, las defensas denunciaron la ausencia de pruebas incriminatorias y que lasconfesiones fueron obtenidas bajo torturas. La declaración de uno de los acusados iba firmada con su huella dactilar, a pesar de ser una persona con estudios, según relató el abogado Luis Mangrané; la letrada Inés Miranda aseguró que no se procedió a la identificación de los fallecidos. La acusación aportó una caja con bengalas, machetes y cuchillos, las pruebas con las que supuestamente mataron a los agentes, en las que no se hallaron huellas dactilares de los saharauis. Y así muchas irregularidades más.
Un juicio militar sin garantías
Tras nueve días de juicio contra 25 acusados, en siete horas de deliberaciones el tribunal militar concluyó que hubo “violencia contra las fuerzas del orden con resultado de muerte, premeditación y mutilación de cadáveres, en grado de autoría o de complicidad ». El resultado fueron nueve condenas a cadena perpetua, una de ellos en rebeldía, cuatro a 30 años de prisión, siete a 25, tres a 20 y dos condenas menores que se consideraron cumplidas por el tiempo que llevaban en prisión. Un recluso quedó en libertad por motivos de salud, con lo que 21 permanecen en la cárcel.
Las irregularidades y ausencia de garantías fueron denunciadas por observadores internaciones y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas concluyó en 2014 que fueron detenciones arbitrarias. Recientemente, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura y la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos suscribieron un documento pidiendo la libertad de los presos de Gdeim Izik o un nuevo juicio en un tribunal civil y un grupo deparlamentarios marroquíes del Partido Justicia y Desarrollo (PJD), en el gobierno, solicitaron al rey Mohamed VI el indulto para estos presos saharauis.
La Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental rechazó en marzo las severas condenas que se impusieron a los presos de Gdeim Izik y consideró que el juicio militar vulneró la legalidad internacional y “tuvo un marcado carácter político utilizado por Marruecos como instrumento contra la población saharaui resistente a la ocupación del Sáhara Occidental”.
Una de las cadenas perpetuas se impuso a Hassanna Aalia, que en ese momento se encontraba en España; pidió asilo pero el Ministerio del Interior se lo denegó. El 17 de febrero de 2015 la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados rechazó con los únicos votos en contra del PP la petición de los grupos de la oposición de instar al Gobierno a rectificar y conceder asilo al activista saharaui. En octubre intervino la Audiencia Nacional y paralizó la orden de expulsión que pesa sobre Aalia.
Los reclusos en huelga de hambre, además de pedir el reconocimiento del estatuto de presos políticos y la nulidad del juicio militar, quieren llamar la atención de las Naciones Unidas sobre su situación y la de todos los prisioneros políticos saharauis y denuncian las maniobras y obstáculos del Estado marroquí para que se amplíe el mandato de la MINURSO a la vigilancia de los DDHH y se realice el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.
Los presos saharauis, varios de los cuales padecen secuelas por las torturas a las que fueron sometidos durante su detención, aseguran quesu estado de salud ha empeorado considerablemente en el mes que llevan sin ingerir alimentos. En la noche del 20 de marzo Sidahmed Lemyejed y Bashir Boutanguiza perdieron el conocimiento y hasta dos horas después no acudió el personal médico de la cárcel. Dos días después Cheikh Banga y Brahim Ismaili tuvieron que ser trasladados al hospital y regresaron por la noche, tras lo que las autoridades marroquíes difundieron un comunicado en el que afirmaron que no estarían haciendo la huelga de hambre según los análisis que les fueron realizados.
Los reclusos saharauis desmintieron estas afirmaciones y siete de los que no secundaron la protesta, la mayoría por su precario estado de salud, Abdallahi Lakfawni, Hussein Zawi, Mohamed Lamin Haddi, Deich Daff, Khouna Babeit, El Laraabi Bakai y Thalil Mohamed, se unieron durante 48 horas a la huelga de hambre. Solo uno no se sumó por lo delicado de su salud.
Los reclusos de Gdeim Izik, ya sea en grupo, como la huelga de hambre que hicieron todos ellos durante 38 días en el cuatro trimestre de 2011, o en acciones individuales, han denunciado repetidas veces durante estos cinco años y medio las difíciles condiciones de vida en la prisión y el trato que padecen.
Las muestras de solidaridad con los reclusos en huelga de hambre, de los que la Delegación de Prisiones y Reinserción Social de Marruecos ha dicho que están en encarcelados por formar parte de una banda de delincuentes y que gozan de todos los derechos garantizados por la ley marroquí, se han expresado por medio de concentraciones en varias localidades españolas y ayunos de 24 horas de forma rotativa en 20 ciudades.
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