Haciendo caso omiso del derecho internacional y de las reglas de ética y moral, el gobierno de Zapatero decidió la extradición del ciudadano belgo-marroquí Ali Aarrass a pesar de que el juez Garzón había concluido que no había pruebas contra él y a pesar de que las autoridades españolas sabían que iba a ser torturado.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó la decisión española y pidió la indemnización de la víctima e informar del cumplimiento de esta decisión en un plazo de 180 días.
Zapatero y su equipo soñaron que entregarían el Sahara Occidental a Marruecos en una bandeja de oro y enviarían sus empresas a recoger los frutos de la inversión en el país que acabó estafando a la mayoría de empresarios que corrieron el riesgo de seguir el consejo de los sociolistos.
Hoy, España paga sus fechorías por no haber respetado sus obligaciones para con el Protocolo Facultativo del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos al extraditar al sujeto a pesar de que el Comité había solicitado expresamente que dicha decisión se paralizara mientras se estudiaba el caso, indicó el diario ABC en su edición digital de hoy.
Un refrán saharaui dice que la madre del ladrón dejará algún día de lanzar gritos de júbilo para echar lágrimas. Es el fruto de una cooperación en materia de seguridad basada en el engaño y la mentira y a costa de los derechos humanos de los ciudadanos marroquíes.
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