El portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, ha denunciado hoy que el Gobierno de Marruecos ha asesinado a 13 activistas saharauis y que lo ha hecho con « total impunidad » por parte de la comunidad internacional.
Ramírez ha comparecido hoy en rueda de prensa, junto a la concejal del Ayuntamiento de Telde Josefa Milán y al edil de Las Palmas de Gran Canaria José Eduardo Ramírez, también de NC, para criticar que las autoridades marroquíes no les han dejado entrar ayer como observadores internacionales para analizar la zona de Dajla, « uno de los territorios ocupados » del Sahara Occidental.
Al respecto, el dirigente nacionalista ha asegurado que el no poder acceder a la zona e, incluso, el no dejarlos bajar ni siquiera del avión, « sin explicación alguna », es una muestra más de que « Marruecos no quiere testigos de lo que está ocurriendo allí ».
Ramírez ha explicado que en la zona hay en estos momentos « tensión », sobre todo desde el pasado domingo, cuando ha fallecido « el preso político y activista de derechos humanos saharaui Hassana Eludi Aaleya », que estuvo tres años preso por pedir la autodeterminación para su pueblo.
« Eludi estaba enfermo de diabetes y no se le daba atención sanitaria, ni se le permitía a su familia visitarlo », ha lamentado el consejero insular, quien ha asegurado que « Marruecos ha asesinado a 13 activistas saharauis y lo ha hecho con total impunidad ».
Es por ello, ha explicado, que la familia ha exigido el poder realizar una autopsia independiente, pero que el Gobierno marroquí « presiona para que entierren » al fallecido.
Según Ramírez, han surgido manifestaciones de los familiares y los vecinos que están siendo reprimidas por las autoridades marroquíes, lo que ha generado tensión en la antigua Villa Cisneros.
Es por eso, por lo que no dejan entrar a los observadores internacionales ni a los medios de comunicación en la zona, porque « no quieren testigos de lo que ocurre a solo 100 kilómetros de Canarias ».
Es más, ha incidido Carmelo Ramírez, España es el « Estado responsable » de lo que ocurre en el Sahara Occidental porque « es la potencia administradora y Marruecos tan sólo una potencia ocupante, por lo que todo lo que ha hecho en el territorio lo ha realizado de forma ilegal ».
En su opinión, es fundamental una solución pacífica del conflicto y, por eso, exige que « cese la represión de los derechos humanos, que se otorgue la libertad a los presos políticos, que la comunidad internacional haga un seguimiento exhaustivo en la zona, se frene el expolio de los recursos naturales y se permita realizar el referéndum de autodeterminación al pueblo saharaui ».
Por último, ha explicado que durante este año 40 comitivas de observadores internacionales habían intentado entrar en los territorios saharauis ocupados, de las cuales tan sólo la mitad han conseguido el objetivo, pero eso « no quita para que sigan acudiendo más observadores » que puedan comprobar cómo está la situación.
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