El juez Moreno investiga la muerte de un español en el Sáhara Occidental

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido a trámite las dos querellas presentadas por la «muerte violenta» del ciudadano español Baby Hamday Buyema el 8 de noviembre de 2010 durante la represión de las protestas en el ‘campamento de la Dignidad’, instalado a las afueras de la ciudad de El Aaiún, en el Sáhara Occidental. La operación fue llevada a cabo por el Cuerpo Especial de la Policía de Marruecos y hubo varios fallecidos y decenas de heridos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número dos ha abierto la causa por los delitos de lesa humanidad, genocidio, asesinato, lesiones, torturas y secuestro, según el relato de ambas querellas formuladas por la familia del fallecido, como acusación particular, y la Liga Española Pro Derechos Humanos, acusación popular.

La admisión de las mismas ha contado con el visto bueno de la Fiscalía, para la que los hechos objeto de la investigación es de aplicación el principio de territorialidad. Es decir, que la jurisdicción española tiene competencia sobre el Sáhara Occidental, al ser España la antigua potencia administradora de este territorio no autónomo bajo supervisión de la ONU. Aunque ‘de facto’ está ocupado por Marruecos desde 1976.

Lo paradójico de este sumario que ahora da sus primeros pasos es que el juez Moreno se ha negado desde noviembre de 2010 a admitir las querellas. Su argumento fue que antes era necesario preguntar si la justicia marroquí ya estaban investigando la «muerte violenta» de Hamday Buyema, de 35 años, de origen subsahariano y padre de dos hijos menores residentes en Valencia. Esto es, el magistrado no apreciaba el principio de territorialidad que ahora la Fiscalía y el pasado 4 de julio el pleno de la Sala de lo Penal, órgano superior del juez, sí veían.

Así, si para cualquier instrucción judicial de un supuesto asesinato los días y las semanas posteriores son trascendentales, en los sucesos de El Aaiún no ocurrió lo mismo.

Una queja eficaz

Moreno congeló las demandas y la respuesta de Marruecos no llegaba. Dejó pasar el tiempo pese a la insistencia de la acusación popular para que actuara contra los supuestos autores de los disturbios y sus responsables políticos.

Lo hicieron primero con múltiples recursos al juzgado de instrucción, y más tarde en apelación a la Sala de lo Penal. Pero nada. Era Moreno quien decidía y el juez mantuvo el caso en el cajón sin motivo aparente. Los recurrentes incluso llegaron al Tribunal Constitucional. Pero tampoco fueron atendidos.

Sin embargo, la reacción ha llegado tras la resolución primero de la sala del pasado julio y, sobre todo, con la queja que los querellantes presentaron el 16 de septiembre ante el Consejo General del Poder Judicial. Acusaban a Moreno de grave negligencia por desatención y retraso injustificado en estos años.

Tres días después, el juez abría la causa en un auto al que ha tenido acceso este periódico. La primera medida ha sido rechazar, al menos de momento, la imputación de los querellados por falta de indicios. Se trata de los ministros marroquíes de Defensa, Interior y Exteriores y el Gobernador de El Aaiún. Tampoco han sido acusados, de forma provisional, el jefe de Policía que intervino en el ‘campamento de la Dignidad’ y los agentes que arrollaron con su vehículo a Baby Hamday. La primera diligencia del juez será escuchar al hermano de la víctima.