Para que unos ganen, otros deben perder y en el pulso con Marruecos, el país vecino siempre juega a ganar. La semana pasada, el Parlamento Europeo daba luz verde al Acuerdo de Pesca con Marruecos por el que recibía 40 millones de euros –diez de ellos tendrán que pagarlos los armadores españoles- a cambio de que 126 barcos de España pudieran faenar en sus aguas, 70 de ellos andaluces. Populares y socialistas han sacado pecho con el acuerdo, aunque éste sea cada vez más ventajoso para Marruecos y viole las resoluciones de la comunidad internacional. Argumentos que se convierten en minucias ante el mínimo atisbo de empleo en los tiempos que corren y aceptando que, una vez más, España no va saldar su deuda con la que fue su provincia número 53: el Sáhara. Barbate, Algeciras y Conil son los municipios beneficiados en Andalucía, que a su vez, dejan más oportunidades de captura a los barcos onubenses que faenan en el Golfo de Cádiz. Demasiados pros para tan pocos contras.
La cláusula que prevé la suspensión del convenio si se vulneran derechos fundamentales ha sido clave para que el acuerdo haya salido adelante después de que en 2011, el Parlamento Europeo suspendiera su prórroga precisamente por la cuestión saharaui. La UE, además, exigirá a Marruecos pruebas periódicas de que la población saharaui se beneficia de la ayuda y del empleo que proporciona el nuevo acuerdo. Pero exigirle a Marruecos, es como aceptar de facto la soberanía de este país sobre el territorio del Sáhara Occidental, aspecto éste rechazado de plano por las Naciones Unidas.
Y en medio de este conflicto internacional, dos pueblos. En este lado del Estrecho, el municipio donde más ha crecido el paro en la provincia de Cádiz en este último mes. Cerca del 40% de su población está oficialmente en desempleo pero en Barbate llueve sobre mojado. La mala suerte se ha cebado con este municipio que lucha por librarse de este estigma que afecta, no sólo a sus sectores productivos, sino a la propia administración, con un ayuntamiento casi embargado. Y por supuesto, a la pesca. Una pesca tradicional, la de bajura y la de almadraba, que cada año se ve más menguada.
En Barbate, ya había crisis antes de la crisis y la puntilla llegó hace dos años cuando no se prorrogó al acuerdo. Abatidos, los pescadores alegaban que la negativa venía dada por un problema político. Por eso, tras la firma de un nuevo acuerdo por cuatro años no resulta raro que declaren que les ha tocado el Gordo de Navidad “antes de tiempo”. De hecho, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Alfonso Reyes, contaba a andalucesdiario.es la “alegría” que suponía este acuerdo que “va a permitir ganarse el pan a 400 familias en cuatro años”, además de “crear puestos de trabajo indirectos y generar riqueza en el pueblo”. Repitió que la cuestión saharaui y el conflicto con Marruecos es “un tema político que no tiene nada que ver con los pescadores; lo único que queremos es trabajar” y que la rentabilidad de la flota pesquera de Barbate pasa “por el caladero marroquí, alternándolo con el del Golfo de Cádiz”. Y, aunque explicó que son sobre todo los barcos canarios los que tienen más fácil acceso a las aguas saharauis, “entiendo que si pescamos en sus aguas, tienen que tener algún tipo de indemnización”.
Sin embargo, lo que hay en el otro lado, es totalmente contario: un pueblo que ve cómo sus recursos naturales son objeto de negociación sin contar con ellos, a pesar de la prohibición expresa de las Naciones Unidas a que se negocien recursos sin su consentimiento, según la Resolución 2001/161. Pero no es la única resolución que Marruecos viola desde que se firmaran los Pactos de Madrid de 1975, por los que España ponía fin a su colonización en el Sáhara y garantizaba su derecho a la libre determinación. Antes, en 1960 la ONU dictó la famosa Resolución 1514, sobre descolonización y la concesión e independencia a los países y pueblos coloniales, que incluye al Sáhara. En ese mismo año 1975, la Corte Internacional de Justicia emitió un dictamen en el que dejó claro que no hay ningún vínculo entre Marruecos y la soberanía del territorio saharaui. Ya en los años 90, las Naciones Unidas se pronunciaron a través de la Resolución 658 para la celebración del referéndum pueblo saharaui y la 690, para el establecimiento de una misión de paz; la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), presente desde 1991 hasta el 30 de abril de 2014.
¿Qué ocurrió para que la ONU mandatara una misión de paz en esos territorios? Desde que España se marchara en 1976, Marruecos ocupó los territorios, primero por la fuerza con la Marcha Verde. En respuesta a esta agresión, y respaldado por Argelia, el Frente Polisario (Frente para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro) –grupo de resistencia saharaui surgido en 1973, primero frente al colonizador español- proclama la República Árabe Saharaui Democrática, admitida en 1984 en la Organización para la Unidad de África y reconocida por más de 70 países y reanuda sus acciones militares contra los nuevos ocupantes marroquíes y mauritanos.
A partir de entonces, una cruenta guerra, la diáspora de miles de saharauis a los campamentos de Argelia, la construcción de un muro defensivo levantado por Marruecos con cinco pasillos de entrada y salida a lo largo de unos 2.500 kilómetros, que vigila con más la mitad de su Ejército, y campos minados. Por eso, en 1991 la ONU tomó cartas en el asunto y estableció esa misión de paz para el Referéndum del Sáhara Occidental, que supuso el fin de la guerra pero no de la represión, y que además no ha permitido que se cumpla el objetivo de la ONU: establecer un periodo de transición para preparar la celebración de un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental elegiría entre la independencia y la integración con Marruecos.
Desde que en 1992 se frustara el proceso de referéndum por los problemas en la elaboración del censo, a la vez que Hassan II anunciaba la regionalización de la zona, la suerte nunca ha sonreído a los saharauis. En el año 2000, Marruecos declara su negativa expresa a la celebración del referéndum; en 2004, dimite el enviado especial de la ONU, James Baker, por la imposibilidad de aplicar su plan en el Sáhara; en 2009, la activista Aminetu Haidar inicia una huelga de hambre de 32 días; ese mismo año, Naciones Unidas pasa a nombrar a un nuevo enviado especial ese año, Christopher Ross, que asiste a los sucesos del campamento protesta de Gdeim Izik, el origen de las revueltas de la primavera árabe, y que se saldaron con más de 20 detenidos y condenados a penas de 25 años o más, 150 desaparecidos y 10 muertos. Así, 37 años después, la población saharaui sigue dividida en dos. Y mientras la tensión crece en los territorios ocupados donde denuncian violaciones de derechos humanos y una tremenda represión con el desmantelamiento del Campamento Dignidad como máxima expresión, en el otro lado, 135.000 saharauis –según el informe deHuman Rights Watch- sobreviviendo en el rincón más duro del desierto.
Así que, a pesar de que el máximo órgano para el mantenimiento de la paz, la ONU, mantiene una misión específica en los territorios saharauis, que organizaciones no gubernamentales siguen denunciando la violación de derechos humanos, que Marruecos da pruebas de cercenar la libertad de prensa, expulsando a la única periodista que en 2010 informó sobre los sucesos del Campamento Dignidad, la chiclanera y corresponsal de El Mundo, Ana Romero, la Unión Europea ha dado por buena la cláusula del respeto a los derechos humanos. Y lo más irónico, negocia con Marruecos sobre aguas que no son suyas cuando todavía Naciones Unidas califica a España como potencia administradora del Sáhara.
En este sentido, Ángeles Ariza, presidenta de la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (Fandas), explicó a este medio que es “un aberración dar al torturador instrumentos para que mejore su trabajo” y tacha el acuerdo como “un palo para el Sáhara Occidental, los derechos humanos y, sobre todo, la legalidad internacional”. A pesar de haber sido alcaldesa de Los Barrios por el PSOE, criticó abiertamente a populares y socialistas por “dejar de un lado a la población saharaui y vender el acuerdo en poblaciones especialmente sensibles por la situación de desempleo que están viviendo. Nos alegramos del acuerdo pero no todo vale”. Cree también que “no es la solución definitiva para la flota barbateña”, pues “dentro de cuatro años estaremos igual y Marruecos nos volverá a chantajear”. “Ellos saben defender lo suyo muy bien”, coincidía Alfonso Reyes. Y además, se saben muro de contención del terrorismo islámico, cuestión que tranquiliza a la Unión Europea, y conocen la situación de necesidad de España. Como en 1975.
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