Paloma Casaseca. El diario El País publicaba las declaraciones de dos destacados miembros del PSOE sobre el conflicto saharaui, tras la celebración de la IV Comisión de la Asamblea General de la ONU sobre descolonización. Intervenciones enfrentadas que revelan posturas radicalmente opuestas sobre la que fuera provincia española hasta 1975.
El primer turno fue para Rosario García Díaz, diputada autonómica extremeña y presidenta del grupo parlamentario español Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui, quien recordó la urgencia de un referéndum de autodeterminación “en el que el pueblo saharaui pueda decidir libre y democráticamente su futuro”. Momentos después, el que fuera hasta hace poco secretario general de la agrupación del PSOE en Las Palmas, Rafael Esparza Machín, señaló “los múltiples errores cometidos por el Polisario” y apoyó la oferta marroquí de imponer una autonomía calificándola como “interesante”.
Posturas encontradas que revelan la falta de acuerdo en el seno del Gobierno sobre temas tan delicados como la descolonización del Sáhara. Si bien la existencia de opiniones divergentes pone de manifiesto la loable ambición democrática del partido socialista, es necesaria una coherencia mínima entre las mismas, que permita desarrollar acciones prácticas encaminadas hacia la resolución del conflicto saharaui.
Un problema que continúa pendiente desde hace más de 30 años, en los que España no ha sido capaz de tomar una postura clara, activa y eficaz. Rectifico, el Gobierno Español. Porque la sociedad española sí tiene muy presente cuál es su postura; el apoyo que reciben las campañas puestas en marcha por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS) habla por sí sólo.
Este desajuste termina dando lugar a situaciones esperpénticas. En julio de 2008, gracias a la campaña anual “Vacaciones en Paz”, familias de toda España acogían en sus casas a niños saharauis de entre 4 y 12 años de edad durante el periodo estival. Mientras, nuestro Gobierno regalaba a Marruecos seis torpedos MK 46 MOD. 2 y aprobaba la entrega de ocho juegos de lanzadores de bombas de avión para su cesión a las Fuerzas Armadas marroquíes; con el fin de “mejorar las relaciones bilaterales”. Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y la Fundació per la Pau denunciaron entonces que España incumplía de esta manera la Ley de comercio exterior de material de defensa y doble uso. Dicha ley, prohíbe operaciones de exportación a países que padezcan conflictos o que puedan usarlas para atentar contra la dignidad del ser humano.
Así, se revela inminentemente necesario que el gobierno escoja una postura y la defienda de manera activa para la una posible resolución del conflicto saharaui.
Ciento cincuenta mil personas esperan esa respuesta desde hace más de treinta y tres años. Yo, que apenas cuento veinte, la exijo.
Diario Ya, 7/3/2012
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